En Colombia, de los 246 días laborales, los empresarios deben destinar 60 días para estas labores.
Empresarios deben gastar 60 días, 24,23 % del total, para cumplir con estos trámites.
El Índice de Burocracia en América Latina mide la cantidad de tiempo requerido en el cumplimiento de las reglas y reglamentos que imponen las burocracias públicas a micro y pequeñas empresas. La publicación de este Índice la realiza el Centro Latinoamericano de Atlas Network y el Adam Smith Center for Economic Freedom en Florida, con la colaboración de 11 socios de la red de Atlas, contando por segundo año consecutivo con la participación para Colombia, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).
La versión del Índice para el año 2022 evalúa el impacto de la expansión de la burocracia administrativa sobre el desempeño de micro y pequeñas empresas de países de la región como Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Chile, República Dominicana y México. La metodología propone cuantificar el tiempo que las empresas deben dedicar para cumplir con una creciente y compleja red de reglas, permisos y trámites.
Para el caso de Colombia, se encontró que, a un pequeño empresario le toma en promedio anualmente 476,85 horas cumplir con las obligaciones de empleo, operación y otros. Este resultado significa que, de los 246 días laborales, es decir, 1968 horas de trabajo, debe destinar 60 días, 24,23 % del total, para cumplir con estos trámites.
Los micro y pequeños empresarios colombianos, que representan aproximadamente el 90 % del país, deben cumplir en promedio con 46 obligaciones, las cuales corresponden el 52,17 % a asuntos relacionados con empleo, el 32,60 % a asuntos de operaciones y el 15,22 % a la actualización normativa y obligaciones específicas por sector.
De acuerdo con la investigación, el grupo de obligaciones con las que más carga el pequeño empresario corresponde a trámites de empleo y tributarios. Ambas implican altos costos de oportunidad, generando desincentivos al emprendimiento y a la función empresarial, fomentando la informalidad y la evasión de impuestos para ahorrar tiempo y capital.
Según Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, “los resultados del Índice demuestran la urgente necesidad de promover una reforma estructural para la simplificación de trámites y un proceso de desregulación que permita eliminar las barreras tributarias y burocráticas que impiden a las empresas ser más productivas y competitivas, generar empleo y aportar al desarrollo del país de una manera significativa. La informalidad empresarial y el desempleo son el resultado directo de un sistema regulatorio que impone una excesiva carga a los micronegocios y pequeñas empresas”.
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