La iniciativa garantiza la desconexión laboral de los empleados y le prohíbe a los jefes llamar o contactar a través de cualquier medio.
Una ley en Portugal abre el debate porque prohíbe a los jefes escribir a empleados hasta un WhatsApp después de horario de trabajo.
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Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la conciliación de un proyecto de ley que protege los derechos que tienen los trabajadores de tener tiempo para compartir con sus familias y para descansar.
La iniciativa garantiza la desconexión laboral de los empleados y le prohíbe a los jefes llamar o contactar a través de cualquier medio, como chat o correo electrónico, a sus subalternos en horarios no laborales.
El proyecto, que ya pasa a sanción presidencial, establece que los empleadores no podrán imponer tareas a las personas que están bajo su cargo por fuera de las ocho horas que están establecidas en cada uno de los contratos.
El senador Aulo Polo, ponente de este proyecto, explicó que los jefes no podrán tomar represalias para quienes decidan no contestar u obedecer las órdenes que se dan por fuera de la jornada.
“Este proyecto es para evitar robarles tiempo de trabajo a nuestros trabajadores, eso viene sucediendo en el país y con profundas represalias a quienes no obedecen al patrón en las horas no laborales. Incluso, muchas veces los obligan a ir al trabajo o a hacer mandados por fuera de la responsabilidad misma que tienen los trabajadores”, indicó.
“A partir de que esto se convierta en ley de la República, este tipo de prácticas les acarrearía muchos problemas a los patrones que violenten estos derechos de los trabajadores”, sostuvo.
La propuesta plantea unas excepciones frente a los cuales no aplicará este derecho a la desconexión laboral. Según el texto, los organismos de socorro, la Fuerza Pública y los cargos de dirección, manejo y confianza, estarán exentos de los beneficios planteados en la ley por las características de sus responsabilidades.
El senador Polo explicó que si llegase a presentar una violación de esta nueva norma, los empleados podrán recurrir a los jueces de la República para hacer valer sus derechos.
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